Un tribunal italiano encuentra culpables de homicidio a seis sismólogos

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Artículo publicado por Nicola Nosengo el 22 de octubre de 2012 en Nature News

Seis científicos y un funcionario sentenciados a seis años de prisión por el terremoto de L’Aquila.

Tras un juicio de 13 meses, se ha encontrado culpables de homicidio a seis científicos y un funcionario del gobierno, y se les ha sentenciado a seis años de prisión. El veredicto se basó en cómo evaluaron y comunicaron el riesgo antes del terremoto que sacudió la ciudad de L’Aquila el 6 de abril de 2009, matando a 309 personas.

Protestas populares tras el terremoto de L’Aquila © by Stéphane PIA


La audiencia tuvo lugar en el edificio prefabricado de las afueras industriales de L’Aquila que ha sido la sede provisional del juzgado desde que el terremoto destruyó el centro de la ciudad. Cuando el juez Marco Billi leyó el veredicto, la sala estaba llena de parientes de las víctimas, periodistas de medios locales e internacionales y muchos ciudadanos comunes. Además de la condena a prisión, los acusados serán apartados del servicio público durante un año y tendrán que pagar una compensación económica a las familias de las víctimas, con un promedio de 100 000 euros por cada una de las 29 víctimas implicadas en la acusación.

Los acusados tomaron parte en una reunión que tuvo lugar en L’Aquila el 31 de marzo de 2009, durante la cual se les pidió que evaluasen el riesgo de un gran terremoto a la vista de las muchas sacudidas que había sufrido la ciudad en los meses anteriores. La reunión fue inusualmente rápida y vino seguida de una conferencia de prensa donde el Departamento de Protección Civil y las autoridades locales tranquilizó a la población afirmando que esas pequeñas sacudidas no aumentaban el riesgo de un gran terremoto. De Bernardinis dijo en una entrevista en televisión (grabada poco antes de la reunión) que “la comunidad científica me dice que no hay peligro debido a que hay una descarga de energía en proceso”, una afirmación que la mayor parte de los sismólogos consideran científicamente incorrecta.

De acuerdo con los demandantes, tales mensajes de calma fueron la razón por la que las 29 víctimas, que de otro modo habría abandonado L’Aquila en los siguientes días, cambiaron de idea y decidieron permanecer allí, falleciendo finalmente cuando sus hogares se derrumbaron. Los demandantes acusaron de homicidio a los siete miembros del panel, razonando que su “inadecuada” evaluación del riesgo había llevado a que se dieran al público unos mensajes científicamente incorrectos, lo cual contribuía a un mayor número de bajas.

Los siete condenados incluyen a Bernardo De Bernardinis, por entonces vicepresidente del Departamento de Protección Civil de Italia, que durante este tiempo se ha convertido en Presidente del Instituto para Protección e Investigación Ambiental (ISPRA); Enzo Boschi, presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV); Giulio Selvaggi, director del Centro Nacional de Terremotos; Franco Barberi, vulcanólogo en la Universidad de Roma “Roma Tre”; Claudio Eva, profesor de Física Terrestre en la Universidad de Génova; Mauro Dolce, director de la oficina de riesgos sísmicos de Protección Civil; Gian Michele Calvi, director del Centro Europeo para Aprendizaje e Investigación en Ingeniería de Terremotos.

En su alegato final del lunes por la mañana, los abogados defensores resaltaron que los demandantes no había logrado demostrar un vínculo causal claro entre lo que sucedió en la reunión y las muertes. “Las actas de la reunión no se hicieron públicas antes del terremoto. No hubo nota de prensa ni comunicados oficiales. Por tanto, ¿cómo podrían estar provocadas estas muertes por lo que dijeron los científicos en la reunión?”, se pregunta Marcello Melandri, el abogado de Boschi. También apuntaron que la acusación se basaba principalmente en la recopilación de los parientes de las decisiones de las víctimas en el momento del terremoto, lo que puede ser poco fiable.

La sentencia fue una sorpresa incluso para el fiscal, Fabio Picuti, que había solicitado una condena de cuatro años. “Tendremos que leer los motivos del juez para comprender el porqué”, dice, rechazando hacer más comentarios. En Italia, el juez tiene hasta tres meses para rellenar los motivos tras una sentencia.

Selvaggi y Dolce estuvieron en el juzgado durante la audiencia final, pero declinaron realizar comentarios. De Bernardinis dijo que la sentencia probablemente “afectará a la forma en que los expertos asumen sus responsabilidades en las situaciones de crisis”. Melandri fue más explícito. “En Italia ahora verás muchas más falsas alarmas en tales situaciones debido a que los expertos elegirán la alerta cuando tengan dudas. Al final cada vez habrá menos credibilidad”.

De acuerdo con Vincenzo Vittorini, que representa a la asociación “309 Martiri” (309 mártires) que reúne a las familias de las víctimas, “hemos estado diciendo desde hace tres años que se subestimaron los riesgos sísmicos en L’Aquila, y ahora un juez ha confirmado que estábamos en lo cierto. Aun así este veredicto es amargo debido a que implica que esas muertes pudieron evitarse. El veredicto debe ser un punto de partida para cambiar la forma en que se realiza la prevención de riesgos en Italia, no tenemos los mismos estándares que en otros países”. Los abogados defensores han anunciado que apelarán el veredicto. Las sentencias no se harán efectivas hasta que se hayan agotado las apelaciones.


Autor: Nicola Nosengo
Fecha Original: 22 de octubre de 2012
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